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A día de hoy, cada vez nos encontramos con más responsables de organizaciones que opinan que cumplir con la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), sólo sirve para evitar sanciones por parte de la Agencia española de Protección de Datos.
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La gran mayoría de personas tienen una foto o vídeo en el que aparecen colgado en alguna red social, en muchas ocasiones, publicados sin su consentimiento. La Ley Orgánica de Protección de Datos reconoce a las personas el derecho a que sus datos personales inadecuados o excesivos se supriman cuando así lo soliciten.
La Agencia Española de Protección de Datos publicó un breve procedimiento para que todos los usuarios que quisiesen eliminar sus fotos y vídeos de internet supieran como actuar en tal sentido.
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El sector de la privacidad se encuentra revolucionado, ante la inminente aprobación del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, que se prevé para la primavera del año 2016.
A partir del momento en que se apruebe, el texto contempla un periodo de vacatio legis de dos años. Las empresas privadas y las administraciones públicas dispondrán, por tanto, de un periodo de tiempo bastante razonable para poder adaptarse a la nueva norma, antes de que sea de cumplimiento obligatorio.
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Los drones han llegado a nuestras vidas. Y lo han hecho para quedarse.
Son innumerables las actividades que pueden desarrollarse de modo sencillo y barato utilizando estos artefactos. Algunas, obvias, como la vigilancia aérea de espacios e infraestructuras a través de sistemas de video. Otras, más insospechadas para el ciudadano de a pie, como la grabación de voces y sonidos, el reconocimiento facial, la geolocalización, la detección de personas dentro de edificios mediante cámaras térmicas, la lectura de placas de matrícula, la detección de movimientos a través de muros mediante escáneres, la captura de señales WI-FI o de telefonía móvil por sistemas de radiofrecuencia, etc.
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Mediante la Sentencia 864/2015, la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, confirma la validez como prueba de la información obtenida por una madre de la cuenta de Facebook de su hija, menor de edad, sin que conste el permiso de ésta para el acceso a la cuenta.
Según los hechos declarados probados en la instancia, un hombre contactó en Facebook con la menor, que entonces tenía 15 años, ante la que se desnudó y masturbó, utilizando para ello la webcam de su ordenador. Posteriormente, consiguió quedar para verse con la menor y otra amiga de ésta, también menor, en un parking, para intentar mantener relaciones sexuales.
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Cada vez son más las empresas que se plantean contratar los servicios de Cloud Computing, ya sea para migrar toda su información a la nube o a modo de backup.
La decisión de contratar esta tipología de servicios, normalmente, lleva aparejada cierta desconfianza sobre la seguridad de los datos y sobre las implicaciones legales que trae consigo la contratación de esta innovadora forma de almacenamiento de datos.
Hace pocas semanas ha comenzado el año escolar 2015/2016, este hecho ha suscitado una duda en uno de los clientes de nuestro Despacho sobre el nivel de seguridad aplicable a los datos relativos a la elección de los alumnos de cursar la asignatura de religión en su centro docente.
El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, (en adelante, RLOPD), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), en su artículo 81.3 a) relativo a la aplicación de los niveles de seguridad establece que, además de las medidas de nivel básico y medio, las medidas de nivel alto se aplicarán en los ficheros o tratamientos de datos de carácter personal que se refieran a datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual.
La Fundación Tripartita está al acecho de forma intensa, de todas las empresas que actúan de forma irregular a la hora de ofrecer los servicios de protección de datos a coste cero.
Dicha fundación avisa de estas prácticas denominadas en el sector como “LOPD a coste cero”, y que consiste en suplantar servicios profesionales de adecuación a la normativa sobre protección de datos a través de cursos bonificados a cargo de los créditos formativos de los trabajadores. Esto quiere decir, que son gratuitos o bonificables para las empresas.
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El mercado jurídico es, a día de hoy, extremamente competitivo, por lo que los abogados necesitan complementar su formación técnica con otras herramientas que ayuden al desarrollo del negocio o a impulsar la marca.
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El artículo 7.3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (en adelante LOPD) establece que “los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el
